22-10: Congreso: repaso de la semana legislativa.
La elaboración de las leyes pasa -casi que invariablemente- por la verificación de Sala Constitucional y eso, que es verdad de Perogrullo, quedó más que evidente esta semana parlamentaria en la que los magistrados inhabilitaron (hasta su reparación, claro está) la intención de los diputados de aprobar una ley para que la Caja Costarricense de Seguro Social condonaran deudas pendientes derivadas de cargas sociales tanto a trabajadores independientes como a empresas. La Sala consideró improcedente que se perdonara el principal de esas deudas. Hay que decir que usualmente en las moratorias se perdonan intereses y multas de modo que el fallo no parece para nada sorprendente y, por tanto, ahora los legisladores tendrán que resolver las inconstitucionalidades advertidas. Apenas llegando esa resolución a Cuesta de Moras, los legisladores devolvieron el correo con una consulta -que más constituye estrategia de entorpecimiento- para frenar el avance a segundo debate de la iniciativa de legalización del cannabis para uso medicinal y cáñamo industrial. (Lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta). Y mientras ese intercambio se produce entre el Judicial y el Legislativo, el Ejecutivo tiene otra brasa en las manos porque contra viento y marea y pese a la falta de fundamento técnico y por todo sustento, un gran afán de pose electorera, los diputados aprobaron (32-6) la rebaja a los marchamos 2022 que servirán de muy poco a los propietarios de vehículos de menos de 15 millones, pero generan un agujero de 30 mil millones de colones a las ya maltrechas finanzas públicas; lo que significa que ahora el presidente Alvarado queda contra la pared. Si veta el proyecto se gana (aún más) la animadversión de la oposición y si no lo veta, se vería muy poco serio frente al seguimiento de cumplimiento de acuerdos para estabilizar las arcas, amén de que Hacienda se queda sin posibilidad de reponer esos recursos. Finalmente, (tampoco es que fuera sorpresa) los diputados de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación rechazaron la reforma legal que permitiría romper el arqueológico monopolio del CNP como proveedor de los alimentos para instituciones estatales (cárceles, escuelas, hospitales) de modo que el estado seguirá comprando productos muchas veces de dudosa o hasta muy baja calidad a precios más altos que los de un supermercado de clase A. De todo este crisol parlamentario, conversamos con el diputado Roberto Thompson.