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Una vieja polémica por las Asignaciones Familiares volvió a instalarse en la agenda política. La semana pasada, el Ministerio de Desarrollo Social anunció que a partir del jueves, 4 de agosto, iba a suspender unas 11.500 Asignaciones Familiares a beneficiarios cuyos hijos no están concurriendo a la escuela, a los liceos o a UTU. Luego de conocerse la medida, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, salió a la prensa a mostrar su preocupación. Argimón pidió una reunión con autoridades de la ANEP y del BPS para conocer qué ocurre con esos niños y esas familias después de que se les interrumpe la asignación. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, por su lado, fue enfático en remarcar que “no va a haber marcha atrás en la decisión”. "El mensaje que damos, si hacemos la vista gorda, es hipotecar el futuro de esos menores", alegó el ministro. "Yo no estoy dispuesto a hipotecarlo. Prefiero adoptar una medida antipática, tomando acciones proactivas para que se regularice cuanto antes y se levante la suspensión, que dar una señal de que no es lo mismo que vayan a los centros educativos o que no vayan", continuó. Si bien el corte de esta prestación en estos casos está previsto por ley, ya en el gobierno del Frente Amplio había discrepancias entre autoridades sobre si aplicar o no esta medida. ¿Cómo se implementa esta suspensión de las Asignaciones Familiares? ¿Qué efectividad tiene esta medida? Conversamos En Perspectiva con el economista Antonio Manzi, Director Nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Ministerio de Desarrollo Social.